LA DEMOCRACIA AMENAZADA

 

La división o separación de poderes expuesta por el jurista y filósofo francés el Barón de Montesquieu, en su obra el Espíritu  de las Leyes, y consagrada en nuestra Constitución, es la antítesis de las dictaduras, en las que siempre se concentra en una  sola rama del poder público las tres funciones del Estado, la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, de modo que una misma persona o grupo reducido de personas dirigen la actividad administrativa, legislan, y a la vez juzgan a las personas, todo de manera totalmente arbitraria, por cuanto colocan esas funciones estatales al servicio de sus ideas de sus intereses, y de sus propósitos, sin sometimiento a la ley, comoquiera que no existe un poder judicial independiente que los juzgue. Naturalmente, en estas condiciones el ejercicio del poder se desborda por los caminos de la opresión y del más oprobioso revanchismo, dado que, adicionalmente, en los órganos de control son propuestas y designadas personas totalmente adeptas al dictador y a su grupo, sin importar su capacidad ni méritos académicos.

Desde que se abrió la posibilidad de que el grupo político que irónicamente se denomina “Centro Democrático” ganara las elecciones presidenciales, he venido advirtiendo que con su triunfo íbamos a estar más cerca de una dictatura que con el triunfo de cualquier otro candidato,  -camino que ya recorremos-, porque para ese momento ya el señor Uribe se había hecho elegir para el Senado, con el evidente propósito de organizar unas mayorías que respaldaran en todo a su candidato, -un buena gente sin peso específico-, lo que hoy es una realidad, dado que sus antiguos y virulentos contradictores terminaron rendidos a sus pies, con la boca llena.

Ahora, con ocasión de la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en contra de quien algunos fanáticos comparan con Dios, cuyos merecimientos, que no están en discusión, no le dan licencia para cometer ninguna clase de delitos, vemos con gran preocupación cómo el señor Duque quebrantando la majestad del Poder Ejecutivo ha colocado su dignidad a los pies del sindicado, criticando abiertamente el accionar de la Justicia, y declarándolo inocente sin fórmula de juicio, no más por el hecho de que lo conoce de antiguo, el mismo argumento con el que el señor Uribe defendió a varios de sus colaboradores hoy condenados por actos de corrupción o paramilitarismo. Este improcedente gesto, naturalmente, ha envalentonado a los parciales uribistas, algunos de los cuales se han atrevido a hacer un llamado al levantamiento en armas y otros mas recatados pero no menos lunáticos, haciendo eco de las insinuaciones de su patrón que ha perdido el sueño abrumado por las evidencias procesales, han propuesto la conformación de una Asamblea Constituyente, para adueñarse del único poder que no detenta, el Judicial, reemplazando las Altas Cortes por unos cuantos títeres al servicio de sus intereses y, de paso, impedir que los numerosos procesos abiertos en contra del señor Uribe, puedan progresar.