LA CONGESTION DE LA JUSTICIA
No creemos que el problema de la justicia sea el exagerado número de procesos que se ventilan en los estrados judiciales, como muchos analistas diagnostican, pues el solo enunciado de este juicio, resulta contrario al “Estado Social de Derecho” que nuestra Constitución define en su artículo 1º. Recordemos cómo el hombre primitivo, por falta de una organización estatal que le garantizara el respeto de sus derechos y la solución imparcial de sus conflictos de relación, tomaba justicia por su propia mano, atentando contra la integridad y la vida de sus semejantes. Justamente, la organización estatal, a partir del principio de legalidad que supone un ordenamiento jurídico de obligatorio cumplimiento tanto para el Estado como para los particulares, y apoyado en los criterios de delegación, autoridad, e interés público, surge para tomar en sus manos, además de la organización armónica de las relaciones sociales, la solución de los conflictos entre los asociados, y entre estos y el Estado encargado de crear normas y de hacerlas respetar. Al contrario, entonces, lo deseable es que haya más procesos en manos de los jueces, para que los conflictos de intereses no se diriman mediante el empleo de la violencia que implica la justicia privada, pues en la medida que los particulares crean en la seriedad de la justicia, en la rectitud, imparcialidad y honestidad de sus jueces, confiados pondrán en sus manos la resolución de sus diferencias, mientras que si la idea de la comunidad es que la justicia está corrompida y que las decisiones se inclinan hacia el lado de los que tienen suficiente poder y dinero para pagar el precio de los fallos, optará por imponer el respeto de sus derechos y la supremacía de sus intereses por medios al margen de la ley, generando una ola creciente de violencia.
Por desgracia, la última hipótesis que acabo de mencionar parece ser la que refleja la realidad Colombiana, con un estado corrompido hasta los tuétanos, y degradado por unas clases emergentes que embriagadas por el enriquecimiento fácil que produce el narcotráfico, no conocen límites a la influencia de sus inmensas fortunas, por lo que la ley que se aplica ya no es la que se desprende de los textos legales, si el involucrado posee el poder y los medios económicos necesarios para inclinar a su favor la voluntad de los jueces. Es la conclusión a la que llegábamos un grupo de amigos, luego de analizar un reciente y escandaloso caso que conmocionó a la ciudad, cuyo fallo favorable al sindicado, -se barrunta-, pronto comenzará a negociarse en las altas instancias judiciales, y se calcula implicará el movimiento subrepticio de varios miles de millones de pesos, que sus familiares están dispuestos a pagar. Aterra pensar que hayamos podido llegar a tal grado de envilecimiento, porque sin justicia el concepto de “Estado de Derecho” salta en pedazos, y mas pronto que tarde, estaremos presenciando un País gobernado por hábiles y acaudalados delincuentes, y las cárceles llenas de despistados, expiando su pecado de creer en un arcaico y desusado concepto: la honestidad.
(Publicado en el Diario La Opinion. Jueves 23 de agosto de 2012)
No creemos que el problema de la justicia sea el exagerado número de procesos que se ventilan en los estrados judiciales, como muchos analistas diagnostican, pues el solo enunciado de este juicio, resulta contrario al “Estado Social de Derecho” que nuestra Constitución define en su artículo 1º. Recordemos cómo el hombre primitivo, por falta de una organización estatal que le garantizara el respeto de sus derechos y la solución imparcial de sus conflictos de relación, tomaba justicia por su propia mano, atentando contra la integridad y la vida de sus semejantes. Justamente, la organización estatal, a partir del principio de legalidad que supone un ordenamiento jurídico de obligatorio cumplimiento tanto para el Estado como para los particulares, y apoyado en los criterios de delegación, autoridad, e interés público, surge para tomar en sus manos, además de la organización armónica de las relaciones sociales, la solución de los conflictos entre los asociados, y entre estos y el Estado encargado de crear normas y de hacerlas respetar. Al contrario, entonces, lo deseable es que haya más procesos en manos de los jueces, para que los conflictos de intereses no se diriman mediante el empleo de la violencia que implica la justicia privada, pues en la medida que los particulares crean en la seriedad de la justicia, en la rectitud, imparcialidad y honestidad de sus jueces, confiados pondrán en sus manos la resolución de sus diferencias, mientras que si la idea de la comunidad es que la justicia está corrompida y que las decisiones se inclinan hacia el lado de los que tienen suficiente poder y dinero para pagar el precio de los fallos, optará por imponer el respeto de sus derechos y la supremacía de sus intereses por medios al margen de la ley, generando una ola creciente de violencia.
Por desgracia, la última hipótesis que acabo de mencionar parece ser la que refleja la realidad Colombiana, con un estado corrompido hasta los tuétanos, y degradado por unas clases emergentes que embriagadas por el enriquecimiento fácil que produce el narcotráfico, no conocen límites a la influencia de sus inmensas fortunas, por lo que la ley que se aplica ya no es la que se desprende de los textos legales, si el involucrado posee el poder y los medios económicos necesarios para inclinar a su favor la voluntad de los jueces. Es la conclusión a la que llegábamos un grupo de amigos, luego de analizar un reciente y escandaloso caso que conmocionó a la ciudad, cuyo fallo favorable al sindicado, -se barrunta-, pronto comenzará a negociarse en las altas instancias judiciales, y se calcula implicará el movimiento subrepticio de varios miles de millones de pesos, que sus familiares están dispuestos a pagar. Aterra pensar que hayamos podido llegar a tal grado de envilecimiento, porque sin justicia el concepto de “Estado de Derecho” salta en pedazos, y mas pronto que tarde, estaremos presenciando un País gobernado por hábiles y acaudalados delincuentes, y las cárceles llenas de despistados, expiando su pecado de creer en un arcaico y desusado concepto: la honestidad.
(Publicado en el Diario La Opinion. Jueves 23 de agosto de 2012)
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