LA JUSTICIA COJEA, PERO NO LLEGA

Tanto han cambiado los tiempos, que ya ni siquiera se cumplen los viejos adagios, como aquel que con esperanza recitaban nuestros abuelos: “La justicia cojea, pero llega”, para significar que, así fuera tarde, algún día la justicia caía con todo su peso sobre quien había cometido un delito. Lamentablemente, la corrupción que se ha apoderado del Estado Colombiano, de la que no se sustrae ninguna de las tres ramas del poder público, ya no permite que la justicia llegue, ni temprano, ni tarde. Penosamente, debemos afirmar que en contra de lo que consagra nuestra Constitución, el Estado Colombiano ni es social ni es de derecho, pues nadie se preocupa por la inmensa mayoría de marginados, y lo que impera no es el derecho, sino es el Dios dinero,  que todo lo puede y todo lo consigue. Por virtud de este cáncer social, los fiscales, los jueces, los magistrados los contralores, los procuradores, en fin, todos aquellos encargados de vigilar y juzgar la conducta de los funcionarios públicos se vuelven ciegos y sordos, en razón de consideraciones completamente divorciadas del ordenamiento jurídico, el que juraron respetar y hacer cumplir cuando tomaron posesión de sus cargos. Son notorios y numerosos los casos de personajes de esta comarca que luego de acceder a un cargo público, en un período de tres o cuatro años, cambiaron   un modesto apartamento en un estrato 3, por lujosísimas mansiones en exclusivas urbanizaciones, costosos vehículos, grandes extensiones de tierra, apartamentos en Miami, Cartagena, España,   Ruitoque, etc.,  y gordas cuentas en dólares, sin que ese hecho despierte la menor sospecha en los encargados de perseguir, oficiosamente, los delitos de peculado, cohecho, prevaricato, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la contratación, la celebración de contratos sin los requisitos de ley, etc., etc.

Es un hecho notorio que los dueños del poder y la riqueza ponen y quitan jueces, magistrados, procuradores, congresistas, alcaldes y hasta presidentes, quienes en desempeño de sus cargos no se atreven a actuar en contra de los intereses de sus patrocinadores y obsequiosos compadres. Se sabe de magistrados y otros funcionarios que frecuentan la casa de oscuros personajes  de la ciudad, que siempre se los ve en sus parrandas y francachelas, animadas por famosas orquestas o destacados intérpretes del vallenato, y hasta han recibido de ellos vehículos y otros costosos regalos, pero  a la hora de conocer procesos en los que están involucrados sus bienhechores, guardan silencio sobre sus vínculos de amistad y dependencia, para fallar, obviamente  a su favor, con vergonzosas teorías que harían sonrojar hasta un leguleyo, sin olvidar que últimamente se habla del cartel de las pensiones de Ecopetrol, con sede en Cúcuta.    

A propósito de la coja que no llega, en el próximo mes de julio, se van a cumplir dos años de la muerte absurda de  JEAN ALBERTO QUINTERO, a manos de sicarios, y todavía la fiscalía continúa inmersa en una “investigación exhaustiva”, sin que hasta el momento haya podido establecer (nada se sabe) quiénes fueron los autores materiales, ni el  autor intelectual de ese crimen, historia que se repite en los numerosos homicidios que a diario ocurren en la ciudad, en medio de los reconocimientos y las condecoraciones a los oficiales de turno de la Policía Nacional.

Adenda: La ciudad en manos de traquetos, extorsionistas y sicarios, y la Policía persiguiendo vendedores, ambulantes, homosexuales  y prostitutas. Vaya, vaya.

(Publicado en LA OPINION. Martes 27 de marzo de 2012)