LA DEMANDA DE INGRID

Inexplicable la actitud dubitativa y confusa de Ingrid Betancourt en el episodio de su demanda, y peor aún las explicaciones, esas si melifluas, sobre los motivos que la indujeron a demandar una indemnización millonaria por su secuestro, imputando falla del servicio al Estado Colombiano.

Pienso que, como lo explica con mucha propiedad mi amigo Ramiro Bejarano en su columna de hoy en El Espectador, a nadie se le puede criticar por el hecho de demandar al Estado, pues nada tiene que ver, ni puede mezclarse, la simpatía que la gente profese por determinado gobernante, y la defensa que los particulares hagan de sus derechos cuando los consideren violados o amenazados, y decidan reclamar las indemnizaciones que la misma ley tiene previstas en caso de que se compruebe responsabilidad por acción y omisión de ese Estado en quien hemos confiado todos los ciudadanos, la guarda y defensa de nuestros derechos, pues ese es un derecho inalienable que a nadie puede coartársele.

Si Ingrid decidió demandar, porque a eso apunta la diligencia de conciliación pre-judicial que ella solicitó, como quiera que es requisito de pre-judicialidad, es de suponerse que su abogado, luego de analizadas las circunstancias y los medios probatorios a su alcance, concluyó que la pretensión podía tener un margen importante de viabilidad a efecto de deducir responsabilidad del Estado y obtener la consiguiente indemnización, que no es invento ni del abogado ni de Ingrid, sino una consecuencia lógica y jurídica de la ejecución de un acto doloso o culposo por parte de cualquier persona natural o jurídica.

Lo que sí resulta inexplicable es que a Ingrid se le hubiera escapado analizar el costo político que su demanda tendría, lo que parece sólo vino a meditar cuando vio la reacción en su contra de parte de los defensores de oficio de este agónico gobierno que no termina de producir hechos en contra del pueblo colombiano, por el solo prurito de satisfacer la vanidad y la soberbia del presidente Uribe. El retroceso de última hora que implica el retiro de la solicitud de conciliación, pone en evidencia que lo de la demanda fue una decisión tomada a la ligera que, una vez colocada en la balanza frente a su costo político, no tuvo el peso necesario para prevalecer y sostenerse a través de una defensa que desde el punto de vista legal pudiera tener alguna justificación, pero no con los tibios, improcedentes y contradictorios argumentos presentados por Ingrid.