DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

Para fortuna de este País, la Corte S. de Justicia, y algunos otros funcionarios judiciales, muy contados, por cierto, están dando muestras de independencia y verticalidad, aplicando la ley sin detenerse a mirar si el sujeto activo del delito investigado es un encumbrado miembro del Ejecutivo, un congresista o un alto general. Estamos viendo, cómo, contrariando una larga tradición que ya era tomada como principio inviolable por quienes incrustados en los altos cargos y jerarquías del Estado, aprovechaban su preparación, su influencia y sus relaciones, para mantenerse al margen de los efectos de la ley, no obstante haberse convertido en redomados delincuentes, están siendo enjuiciados, llevados a prisión, y tratados sin privilegios.

Por supuesto, esas actuaciones, como por ejemplo la diligencia de allanamiento a la residencia de alguno de los congresistas enjuiciados por corrupción, han provocado la ira, el llanto y el crujir de dientes de sus pares, quienes se sentían seres intocables, e inmunes a las sanciones penales, y creían tener licencia para cometer toda clase de delitos y desafueros. Cabe recordar aquí el sabio aforismo popular que predica: “El que nada debe, nada teme”. ¿A qué tanto escándalo si todos dicen ser impolutos, dignos, y desinteresados gestores de patria y democracia? Prueba de ello, la suma que entre pesos colombianos, euros y dólares, fue encontrada en cuantía cercana a los 1.000 millones de pesos en la casa del congresista investigado. Seguramente, este inocente y desvalido reo, sabrá dar razón sobre la forma de ahorrar tan importante suma de dinero efectivo en su caja fuerte, en lugar de llevarla a las arcas de los bancos, siempre amables y complacientes con quienes legislan para su beneficio.

A esos grandes señores, debemos recordarles que el “allanamiento”, no es algo que se inventó la Corte para acosar o perseguir a alguien en particular. El registro y allanamiento de inmuebles es una herramienta que nuestro Estatuto Procesal Penal tiene previsto que puede utilizarse con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencias, o realizar la captura del sindicado, imputado o condenado, y por parte alguna, la ley prohíbe que cuando se trate de congresistas o personalidades del mundo de la política, o de la alta sociedad, ella no pueda practicarse. Por lo mismo, no encontramos razón en la protesta airada de una congresista que con llanto en los ojos –casi con pánico- chillaba que se estaba atentando contra la dignidad del Congreso. ¡Grave indicio!

Recuerdo ahora las palabras de mi compañero en los bancos de la Universidad Externado de Colombia, RODRIGO LARA BONILLA, pronunciadas en el debate realizado en la sesión Plenaria del Senado el 12 de agosto de 1981, que parecieran pronunciadas mirando hacia Cúcuta, las que quiero hacer mías, con permiso suyo, donde quiera se encuentre:

“Cuánto daño se le ha causado a Colombia con la impunidad, cuánto daño se le causa a nuestra sociedad con esos negociados que se hacen permanentemente en los cargos públicos, con esos capitales que surgen de la noche a la mañana por un paso de un momento a otro por un Ministerio, por una Gobernación, por un Instituto Descentralizado, sin que el pueblo colombiano sepa cómo se ha sancionado a los responsables de esos negociados. A tal grado ha llegado ya esa seguridad de la impunidad que existe en Colombia, del resquebrajamiento moral de la sociedad, que quienes pasan por la Administración y hacen cuantiosas fortunas, no tienen problema en aparecer invirtiéndolas al otro día que abandonan los cargos públicos…”

(…) Cuántos próceres, cuántos hombres de muchos apellidos, de mucha distinción no nos pueden explicar el origen de su capital…”

Sigo creyendo que la justicia cojea, pero llega. Duerman tranquilos.